Botar basura a los ríos ahora es un delito en el Perú.
- Mercado del Trueque
- hace 2 días
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Hasta 6 años de cárcel por exponer al peligro a la población y al ambiente.
Durante décadas, la contaminación de ríos, quebradas y cauces naturales ha sido una práctica tristemente normalizada en muchas zonas del país. Residuos sólidos, desmontes, desperdicios domiciliarios e incluso desechos transportados en volquetes terminaban en ríos que abastecen de agua, alimento y vida a miles de comunidades.
Esta realidad acaba de cambiar de manera decisiva.
El 10 de diciembre de 2025, el Estado peruano promulgó la Ley N.º 32523, que incorpora al Código Penal el delito de arrojar residuos sólidos en ríos y quebradas, estableciendo penas de cárcel de hasta 6 años cuando esta conducta expone a la población a un peligro grave.
¿Qué establece esta nueva ley?
La norma tipifica como delito penal el arrojo de residuos sólidos en cauces naturales, considerándolo una forma de exposición al peligro, debido a sus graves impactos en:
La salud pública
El acceso al agua potable
La seguridad alimentaria
El equilibrio de los ecosistemas
Las sanciones establecidas son:
Pena privativa de libertad de 2 a 4 años para quien arroje residuos sólidos en ríos, quebradas o cauces naturales.
Hasta 6 años de cárcel cuando el delito se comete utilizando maquinaria pesada, vehículos de carga o de forma sistemática.
Con esta ley, contaminar un río deja de ser solo una falta administrativa: ahora es un delito penal.
La problemática que originó esta ley
Esta decisión responde a una crisis ambiental evidente:
Ríos convertidos en botaderos informales
Incremento de inundaciones por cauces obstruidos
Contaminación de fuentes de agua para consumo humano
Afectación directa a la biodiversidad y actividades económicas como la agricultura y la pesca
Durante años, las sanciones fueron leves o inexistentes, lo que permitió que muchas personas y empresas optaran por la informalidad y el descarte irresponsable de residuos.
La presión social, los desastres ambientales recurrentes y la necesidad de proteger la salud de la población hicieron inevitable un cambio más firme desde el ámbito penal.
Objetivos y expectativas de la norma
La Ley N.º 32523 tiene objetivos claros:
Disuadir conductas irresponsables mediante sanciones efectivas
Proteger los recursos hídricos, considerados estratégicos para el país
Fortalecer la cultura ambiental, dejando claro que contaminar tiene consecuencias graves
Promover una gestión adecuada de residuos, desde la segregación hasta la disposición final
La expectativa es que esta norma marque un antes y un después en la relación de la ciudadanía y las empresas con el ambiente, fomentando prácticas responsables y sostenibles.
Implicancias para ciudadanos, empresas y municipalidades
Esta ley implica un cambio profundo en la gestión de residuos:
Los ciudadanos deben segregar y disponer correctamente sus residuos
Las empresas están obligadas a cumplir con planes de manejo y trazabilidad de residuos
Las municipalidades deben fortalecer la fiscalización y la infraestructura de reciclaje
La informalidad ya no es una opción. El manejo adecuado de residuos pasa a ser una responsabilidad legal, social y ambiental.
Reflexión final
Esta ley no busca llenar cárceles, sino evitar ríos muertos. No busca castigar por castigar, sino proteger la vida, la salud y el futuro.
Cada residuo mal dispuesto es una amenaza silenciosa que tarde o temprano regresa en forma de enfermedades, desastres naturales o escasez de agua.
El mensaje es claro: el ambiente se respeta o se asumen las consecuencias.
Llamado a la acción
Hoy más que nunca, es momento de actuar:
Reduce tus residuos
Separa correctamente
Recicla y reutiliza
Exige soluciones formales y sostenibles
Apoya iniciativas de economía circular
Cuidar los ríos no es solo un deber legal, es un compromiso con las próximas generaciones.
Un río limpio es vida. Un río contaminado es una advertencia. La decisión está en nuestras manos.
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